Delitos de las personas jurídicas

Delitos de las personas jurídicas

La incorporación a nuestro derecho penal de la responsabilidad penal de las personas jurídicas ha supuesto una evolución muy importante en la sociedad en materia de prevención y represión criminal. Hasta hace no mucho tiempo (2010) la idea de juzgar y condenar a una persona jurídica por la comisión de un delito resultaba peregrina. Hoy es un hecho cierto y que se produce con cierta regularidad.

Cuando hablamos de delitos de personas jurídicas no nos estamos refiriendo a los delitos cometidos de organización criminal o banda armada. Dichas organizaciones ya tienen en su esencia la finalidad criminal. Son organizaciones específicamente dirigidas realizar actividades ilegales (tráfico de drogas, armas, personas, órganos, blanqueo de capitales, etc.). Sin embargo, al referirnos a los delitos de las personas jurídicas son delitos se cometen en el seno de entidades con personalidad diferenciada cuya finalidad es lícita. Por lo tanto, los miembros de los órganos de administración, representantes e incluso trabajadores, se valen de ellas para acometer el ilícito penal.

Principio de tipicidad penal.

En la responsabilidad penal de las personas jurídicas, como no puede ser de otra manera, también tiene su plena vigencia el principio de tipicidad penal. Sólo se podrá condenar a una persona jurídica en aquellos tipos penales que así lo prevean expresamente. Son muchos los delitos que pueden ser atribuidos a personas jurídicas. 

Delitos de las personas jurídicas y sus penas

Paso a extractar de forma esquemática los delitos y sus penas:

  • Delito de tráfico y trasplante ilegal de órganos humanos (art. 156.7 bis CP).
  • Delito de trata de seres humanos (art. 177 bis 7. CP).
  • Delitos relativos a la prostitución y la corrupción de menores (art. 189 bis CP).

En los casos anteriores se prevén penas de multa a la persona jurídica del triple al quíntuple del beneficio que se haya obtenido con el delito.

  • Delito de estafa (arts. 251 bis CP)
  • Delito de descubrimiento y revelación de secretos (art. 197 quinques CP) castiga a las personas jurídicas con penas de 6 meses a dos años.
  • Delitos de insolvencia punible (arts. 285 ter CP) Multa de 6 meses a 5 años.
  • Delito de daños informáticos (art. 264 cuarter CP) prevé multas de uno a 5 años.
  • Delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los consumidores (arts. 270 a 288 CP).
  • Delito de blanqueo de capitales (art. 302 CP) castiga a la persona jurídica con multa de seis meses hasta 5 años.
  • Delito de financiación ilegal de los partidos políticos (304 bis) multa del quinto al quíntuplo.
  • Delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social (arts. 305 bis) Multa del doble al séxtuplo además de la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones, beneficios fiscales y/o de cotizaciones sociales.
  • Delitos de tráfico ilegal o inmigración clandestina de personas (art. 318 bis CP) multa de 2 a 5 años o del triple al quíntuple del beneficio obtenido.
  • Delitos contra la ordenación del territorio y el urbanismo (art. 319.4 CP) multa de 1 a 3 años o del doble al cuádruple del beneficio.
  • Delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente (art. 328 CP) castiga a las personas jurídicas con penas de multa desde 6 meses a tres años o del doble al cuádruple del perjuicio causado.
  • Delito de estragos (art. 348.3 CP) multa de 1 a 3 años o del doble al cuádruple del perjuicio ocasionado.
  • Delitos de tráfico de drogas (arts. 368 y 369 CP) Multas de uno a 5 años o del doble al quíntuple del valor de la droga.
  • Delito de falsificación de tarjetas de crédito y débito y cheques de viaje (art. 399 bis CP) multa de 2 a 5 años.
  • Delitos de cohecho (art. 427 bis CP) multa de 1 a 5 años o del doble al quíntuple del beneficio obtenido.
  • Delitos de tráfico de influencias (art 430 CP) Multa de 6 meses a 2 años.
  • Delitos relacionados con el terrorismo (art. 580 bis CP) castiga con multas de 6 meses a 5 años o del doble al cuádruple del perjuicio causado.

En prácticamente todos los casos, además de las medidas previstas en el artículo 33.7 apartados b) a g).

Son muchas las conductas delictivas por las que se puede atribuir responsabilidad penal a las personas jurídicas. Es especialmente importante establecer la figura del Compliance ya que la incorporación de un programa que prevea e integre en las personas jurídicas modelos, mecanismo y procesos eficaces de supervisión, gestión y prevención de conductas criminalmente relevantes, contribuye a paliar el riesgo delictivo de empresas y entidades, así como el daño reputacional que lleva aparejado. Pero ello no solo desde el punto de vista de la prevención sino también desde el punto de vista del proceso penal ya que la demostración de la existencia de estas estructuras y programas de compliance y la efectividad de sus controles, pueden disminuir e incluso eximir de cualquier responsabilidad penal de las organizaciones societarias y demás personas jurídicas.