La Ley de Segunda Oportunidad

Ley de Segunda Oportunidad

Desde la crisis financiera que azotó el mundo y en especial a España a partir del 2008 se ha tratado de buscar desde el punto de vista de política legislativa medidas para encontrar soluciones a aquellas personas físicas que se veían en situación de insolvencia y a consecuencia de la misma quedaban marcadas de por vida, no solo moralmente, sino también patrimonialmente, al verse afectados por embargos, trabas y anotaciones en registros de morosidad que, en ocasiones, se perpetuaban en el tiempo impidiendo cualquier posibilidad de reiniciar una nueva actividad económica. Consciente de la cruda realidad que en algunos casos se observaba el legislador adoptó la Ley de Segunda Oportunidad, aprobada por Real Decreto Ley 1/2015 de 27 de febrero, confirmado por Ley 25/2015.

De la lectura de su exposición de motivos se constata la concienciación del legislador sobre los efectos devastadores originados por la crisis económica y su preocupación por los ciudadanos con los que más duramente se ha cebado.

En la introducción a la norma encontramos el criterio principal que ha de presidir la interpretación de la misma que no es otro que la finalidad de dar una segunda oportunidad a quienes fracasaron en su aventura en el emprendimiento, a fin de poder así dar incentivos al estímulo de la economía y atemperar el diferente tratamiento de la responsabilidad en actividades mercantiles según se haga por medio de persona jurídica o directamente como persona física.

Qué es la legislación de Segunda Oportunidad

Se configura como la respuesta y solución de los poderes públicos a la necesidad amparar a aquellas personas que no han tenido éxito en el desarrollo de sus negocios viendo como pese a haber invertido mucho tiempo, esfuerzo y dinero, no han tenido la suerte o capacidad para que la actividad fuera rentable, viéndose superados por las deudas y estigmatizados siendo muy difícil o imposible volver a intentarlo. La segunda oportunidad no debe ser considerada como un fracaso en la primera sino como un remedio o solución a ella.

Cómo funciona la Ley de Segunda Oportunidad

La Ley prevé dos mecanismos. Uno subsidiario del otro.

  1. Por un lado, se intenta un acuerdo extrajudicial de pagos.
  2. Cuando lo anterior no sea posible, se podrá pedir el beneficio exoneración del beneficio insatisfecho, o lo que es lo mismo, la cancelación de todas las deudas y registros de impagos.

Para el punto 2 será necesario acreditar el cumplimiento de los requisitos legales y pautas de procedimiento a las que aludiremos más adelante.

Quién puede beneficiarse de la Ley de Segunda Oportunidad

Esta norma está pensada para personas físicas que desarrollan su actividad por cuenta propia como autónomos. En las sociedades mercantiles no se puede hablar propiamente de segunda oportunidad. Estas sociedades si no tienen éxito se liquidan sin que sus antiguos administradores y socios vean perjudicados sus patrimonios personales (salvo excepciones). De este modo pueden crear otras sin ningún tipo de señal indeleble del pasado que les impida avanzar.

El Proceso de segunda oportunidad

El proceso está centrado en dos fases.

  1. Una primera en la que solicitaría el acuerdo extrajudicial de pagos AEP)
  2. Y la segunda la referente a el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho (BEPI)

1.- El acuerdo extrajudicial de pagos.

El acuerdo extrajudicial se encuentra regulado en el Título X de la Ley 22/2003, Concursal (art 231 y ss). Se trata de un procedimiento administrativo por el cual el deudor, en las casos en que se encuentre en situación de insolvencia según el marco de la Ley Concursal, o que prevea que no podrá hacer frente al cumplimiento regular de sus obligaciones puede convocar a sus acreedores para alcanzar este acuerdo, siempre que su pasivo no supere el montante de 5.000.000 de euros.

El proceso se inicia mediante solicitud a través de modelo normalizado ante el Notario del domicilio (en el caso de persona natural). A dicha solicitud se ha de acompañar:

  1. Inventario de bienes y derechos.
  2. Lista de acreedores y su pasivo especificando NIF, domicilio y cuantía y vencimiento.
  3. Relación de contratos vigentes y de los gastos mensuales.

Tras el examen de la solicitud, si la misma cumple los requisitos de forma y de fondo legalmente previstos se nombra por la persona que ha recibido la solicitud un mediador de los previstos en un listado publicado en el B.O.E. Este nombramiento debe ser aceptado por la persona y produce los siguientes efectos formales inmediatos:

  • Se publica en la hoja del registro civil de la persona afectada.
  • Se publica en el Registro Público Concursal, en el Registro Civil, y en los Registros de bienes correspondientes para practicar los correspondientes asientos.
  • Se comunicará al Juez de lo Mercantil el inicio de negociaciones para alcanzar el citado acuerdo.
  • Se comunicará a la Agencia Tributaria.

En los 10 días siguientes a la aceptación el mediador examinará la documentación y puede pedir al deudor que subsane, aclare o complemente la misma. A continuación procederá a convocar a todos los acreedores a una reunión para alcanzar el acuerdo.

El inicio del expediente supone una serie de efectos legales:

  • El deudor no puede hacer actos de disposición más allá de los correspondientes al desarrollo habitual y rutinario de su tráfico mercantil.
  • Los acreedores no pueden iniciar ejecuciones y las que están en curso no podrán continuar, por lo que se pueden detener embargos Esto se mantendrá como máximo durante tres meses.
  • Desde el nombramiento del mediador tampoco se podrán trabar embargos y trabas, con excepción de aquellos correspondientes a créditos de derecho público.
  • Deben evitarse actos que supongan mejorar la posición con respecto a la de otros acreedores en relación con el deudor común.
  • Se suspende el devengo de intereses.
  • Se pueden ejecutar las garantías personales.

Al menos con 20 días de antelación a la fecha de la reunión, el mediador enviará a los acreedores la propuesta de acuerdo extrajudicial de pagos. En la propuesta se pueden contener:

  • Quitas.
  • Esperas
  • Cesiones en pago.
  • Capitalización de deuda mediante acciones, participaciones o préstamos participativos (para casos de personas jurídicas.

El acuerdo no puede consistir en la liquidación total del patrimonio para pago de deudas, ni alterar el orden legal de prelación de créditos.

La misma debe contener un plan de pagos, plan de vialidad de negocio y que cantidad queda reservada para el deudor en concepto de alimentos para él y su familia.

Los acreedores, pueden presentar propuestas alternativas a la realizada por el mediador pero será el deudor quien decida el plan que propone a los acreedores. Si estos no se retiran antes de la fecha de la reunión tendrán asistir a la misma salvo que hayan manifestado su aprobación u oposición. Si no lo han hecho y no asisten en caso de concurso ulterior su crédito se considerará subordinado.

Mayorías para la aprobación del Acuerdo el día de la reunión:

  • El 60 % del pasivo vinculando a todos los acreedores (excepto los que tengan garantía real). Se vinculará a esperas inferiores a 5 años y quitas inferiores al 25 % de la deuda.
  • O el 75 % del pasivo quedando todos (excepto los que tengan garantía real). Se vinculará a esperas de 5 o más años y quitas superiores al 25 %.

Llegados a este punto hay dos posibilidades:

  • Se aprueba y se eleva a escritura pública. El acuerdo tendrá la condición de acto no rescindible en caso de un posible concurso futuro.
  • Se rechaza, en cuyo caso es necesario solicitar al Juez la declaración de Concurso.

En este último caso estaremos ante el concurso consecutivo (art 242 LC), siendo este el que se declara a instancia del mediador concursal, el deudor o un acreedor ante la imposibilidad de alcanzar el acuerdo extrajudicial de pagos.

2.- El beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho

Esta figura introducida por el RDL 1/2015, que introduce el artículo 178 bis de la Ley 22/2003, Concursal y supone el punto culminante de la segunda oportunidad. El beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho (BEPI) constituye una declaración judicial que una vez firme produce un efecto sanador borrando todo rastro de deuda y solo se produce de los deudores personas naturales y de buena fe. Para llegar a este beneficio es necesario la conclusión del concurso, ya sea por liquidación o por insuficiencia de la masa activa. 

Tiene tres modalidades de acceso al beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho:

  • Definitiva.
  • Provisional.
  • Discrecional.

Requisitos para acceder a este beneficio de forma definitiva:

  • Que el concurso no haya sido declarado culpable.
  • La ausencia de antecedentes penales en los 10 años anteriores por delitos contra el patrimonio, orden socioeconómico, contra la Hacienda Pública y/o contra la Seguridad Social y derechos de los trabajadores.
  • Haber intentado un acuerdo extrajudicial de pagos.
  • Haber satisfecho en su integridad los créditos contra la masa, los créditos con privilegio especial y, si no ha intentado el acuerdo extrajudicial, haber satisfecho además un 25 % del pasivo ordinario.

Si se dan estas circunstancias se cancelarán de forma automática todos los créditos, incluidos los de derecho público.

Si no se pudieran pagar las cuantías indicadas en el último punto se podrá obtener el beneficio de forma provisional:

  • Aceptando un plan de pagos.
  • No haber obtenido el beneficio en los últimos 10 años.
  • No haber rechazado en los 4 años anteriores una oferta de empleo adecuada a su formación.
  • Aceptación de la inclusión del beneficio en el Registro Público Concursal durante un plazo de 5 años.

Si no se pudiera cumplir el plan de pagos y se hubiera atendido la mitad de los créditos incluidos en el Plan, el Juez puede acordar la exoneración total. Esto sería el BEPI discrecional.

Merece la pena hacer una mención particular a los créditos tributarios y la posibilidad de exonerar deudas públicas. Si bien estos pueden ser exonerados en la modalidad automática del BEPI, no sucede cuando el deudor no puede atender determinados pagos para acceder a la exoneración automática y debe someterse a un plan de pagos. A pesar del tenor literal de la Ley que indica que los créditos de derecho público quedan excluidos de dicho plan dejando su pago a las normas administrativas de aplazamiento y fraccionamiento, la Sala 1ª del Tribunal Supremo en su Sentencia 381/2019 de 2 de julio ha establecido estos pueden quedar incluidos en dicho plan de pagos y si no pudieran ser atendidos el Juez podrá reducirlos hasta un 50 % pero esto será facultad discrecional del Juez, escuchadas las partes.

Desarrollo jurisprudencial de la Ley de Segunda Oportunidad

Hemos mencionado en el apartado anterior la Sentencia del Tribunal Supremo, referente a la posibilidad que existe de incluir en el Plan de Pagos (BEPI provisional) los créditos de derecho público y su modulación por parte del Juez.

También hacemos mención de la cuestión de qué sucede con la vivienda habitual del deudor (y de su cónyuge si tuviere). En este sentido algunos Tribunales han adoptado criterios para evitar este duro efecto de pérdida de la vivienda habitual, especialmente si tenemos en cuenta que normalmente está sujeto al pago de un crédito con privilegio especial como es el préstamo hipotecario.

Así los Jueces Mercantiles en Barcelona (entre otros) han determinado mediante una comunicación de unificación de criterios en la que se indica que “Se podrá valorar que no sea necesario, para acordar la exoneración, que los bienes y derechos sujetos al pago de créditos con privilegio especial sean objeto de realización, siempre y cuando conste que se está atendiendo el pago con cargo a la masa, que se pueden abonar todos los créditos contra la masa y que el valor de la garantía es superior al valor razonable del bien sobre el que está constituido la garantía.”.

No constituye una condonación de esa deuda privilegiada, pero permite obtener el BEPI y poder seguir atendiendo los pagos, aunque habrá que valorar si las circunstancias del caso aconsejan esta actuación ya que si posteriormente se produce el impago la garantía es susceptible de ser ejecutada recaer en un nuevo concurso en el que no sea posible acceder al BEPI.