La responsabilidad en comercio electrónico está vinculada al cumplimiento de las obligaciones específicas dispuesta por las leyes. Es de interés especial la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSICE o Ley 34/2002).
Esta Ley fue creada específicamente para regular las prestaciones de servicios por internet. Pero la responsabilidad en comercio electrónico obedece también al derecho general español.
Se aplican normas establecidas en el Código Civil, en el Código de Comercio y en La Ley para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (RD 1/2007), entre otras.
Responsabilidad en comercio electrónico de los prestadores de servicio
La Ley de Comercio Electrónico delimita el ámbito de la responsabilidad aplicable a los prestadores de servicios. En principio, se incluyen en los servicios regulados por el derecho español una gran diversidad de actividades telemáticas.
¿Qué tienen en común estas actividades?
Todas utilizan la transmisión de datos a través de telecomunicación, por ejemplo, de internet, y todas son comerciales.
La modalidad de comercio electrónico en sí misma elimina las fronteras. Cualquier persona, en cualquier lugar, con un dispositivo digital conectado a internet puede comunicarse con otra independiente de su ubicación geográfica. Desde el punto de vista comercial, esta posibilidad abre mercados.
Ahora bien, desde el punto de vista jurídico puede generarse dudas acerca de qué leyes rigen a un prestador que está en un país y vende a un usuario en otro. Esto obliga a repensar y modificar las leyes, a generar nuevas o a modificar algunas ya existentes.
Para delimitar su alcance, la LSSICE toma como condición el establecimiento del proveedor y del destinatario. Es decir, que la responsabilidad establecida por la legislación se aplicará a prestadores que dirijan sus servicios al territorio español. La ley prevé además el respeto a los tratados internacionales, especialmente de la UE.
Las actividades de comercio electrónico y sus responsabilidades específicas
Como hemos visto, el comercio electrónico está sujeto a responsabilidad civil, penal y administrativa definida en el ordenamiento jurídico español. Pero en la Ley de Comercio Electrónico se detalla la responsabilidad en atención a las características especiales del servicio prestado.
Un caso especial es el de la responsabilidad de los operadores de redes y de acceso a ellas. Se trata de prestadores de servicios de intermediación que consisten en transmitir y almacenar en la red datos que proporciona el destinatario. La Ley establece que los prestadores no serán responsables de la información circulante.
¿En qué se fundamenta la Ley para esta exención?
En que la mayoría de la información que pasa por los sistemas de los prestadores es desconocida por ellos. La excepción se da cuando el prestador ha participado en su creación o decisión.
La responsabilidad de los prestadores de servicios de la sociedad de la información depende, en gran medida, de su carácter técnico, automático o pasivo. De acuerdo a esta definición, podrá calificarse como prestador intermediario y considerar que no le asiste responsabilidad sobre los contenidos.
Cualquiera sea su naturaleza, los prestadores sí tienen la responsabilidad de informar a sus clientes sobre medidas de seguridad y medios técnicos para protegerse de los delitos informáticos.
¿Qué debe hacer el prestador para cumplir con esta responsabilidad?
Debe incluir dicha información en su página o sitio principal de internet, en forma clara y permanente. Sobre esta materia hemos hablado en nuestro artículo en torno al régimen de obligaciones del Comercio Electrónico.
Responsabilidad en los procesos de compra-venta
Esta actividad comercial se refiere al intercambio por internet de bienes, servicios o información con fines comerciales. Además de la Ley de Comercio electrónico, el Reglamento del Parlamento Europeo (2016/679) también lo regula.
Estas normas establecen mecanismos que garantizan los derechos de los usuarios y que impiden delitos. Gracias a estas y otras leyes, Internet no es un espacio en el que reina el caos, sino que cada acción deja sus huellas y quien la hizo asume responsabilidades. Igual que en el mundo de presencia física.
¿Cuándo un entorno de compra-venta es legalmente seguro?
Cuando cumple con varios requisitos. El principal es la transparencia informativa. El sitio debe mostrar claramente la identidad del negocio así como todas las condiciones para que el cliente realice su compra. Deben exponerse las condiciones comerciales de la operación y los derechos que asisten a los compradores especialmente en relación a sus datos.
Poner en marcha un negocio de comercio electrónico no es solo saber de plataformas, SEO y visitas al sitio. La clave del emprendimiento es el marco legal, y quien no lo atienda puede tener problemas muy serios.
El tema es complejo y puede tener consecuencias jurídicas severas. Por eso, si necesitas asesoramiento te ofrecemos los mejores profesionales expertos en el área del ecommerce. Rellena el formulario y un especialista en la materia se contactará contigo para ayudarte.